La inflación anual estimada del IPC en enero de 2023 es del 5,8%, siendo destacable que el INE ha utilizado, por primera vez, ponderaciones procedentes de la Contabilidad Nacional e incorpora los mercados libres del gas y la electricidad. Estas novedades metodológicas suponen un cambio relevante en la medición del IPC, ya que se abandona la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) y la recolección de los precios se efectuará por medio de dispositivos electrónicos.
El dato de enero se explica, principalmente, por los precios de los carburantes, que suben más que en enero de 2022, y por el descenso de los precios del vestido y calzado, que es menor que en el año pasado.
En sentido contrario, destaca la bajada de los precios de la electricidad, mayor que en enero de 2022.
La tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumenta cinco décimas, hasta el 7,5%.
Esta elevada inflación penaliza a las empresas por el lado de los costes y se añade al impacto perjudicial de las subidas de impuestos y de las cotizaciones sociales. Además, hay que añadir a lo anterior la nueva subida del 8% en el Salario Mínimo Interprofesional, que tiene un efecto “arrastre” al no contemplar excepciones, como sería deseable en el sector agrario, y al no poder repercutirse en los contratos del sector público.
Finalmente, cabe destacar que el clima preelectoral que parece imponerse en todas las instancias, podría dificultar la consecución de acuerdos y pactos tripartitos en materia de diálogo social, así como quebrar la deseable confianza entre los interlocutores del diálogo social a la hora de reformar materias de indudable trascendencia laboral, como la transposición de la Directiva relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea o el proyecto de Ley de Familias.
